Quito, 8 de julio de 2025
El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, informó este martes que ocho funcionarios han sido desvinculados y tres más presentaron su renuncia voluntaria, en el marco de un proceso de depuración institucional que busca erradicar el nepotismo en el Parlamento.
Durante una entrevista televisiva, Olsen explicó que estas medidas forman parte de una revisión interna tras la solicitud de renuncia hecha el lunes a más de 40 funcionarios que mantienen vínculos familiares con asambleístas y otros servidores públicos.
“Esto es un proceso. Necesitamos avanzar en una reforma que impida de forma clara y contundente la contratación de familiares en toda la institución”, declaró Olsen.
Para ello, el titular del Legislativo pidió al Consejo de Administración Legislativa (CAL) que tramite de forma urgente una reforma al artículo 7 del Reglamento Interno de Talento Humano, a fin de prohibir el ingreso de personas con parentesco con asambleístas y otros funcionarios públicos. Además, exigió una reforma al Código de Ética de la Función Legislativa, que deberá ser firmado y aplicado obligatoriamente por todos los legisladores en un plazo máximo de una semana.
El anuncio se produce tras la revelación de varios casos de presunto nepotismo en la Asamblea. Entre ellos, destaca el del legislador de la bancada ADN, Dominique Serrano, cuyo hermano, Jeremy Omar Serrano Molina, ocupa un cargo en la Coordinación General Administrativa del Parlamento. Asimismo, Paulina Lía Molina Coro, madre del joven que se volvió viral por realizar dibujos durante una sesión legislativa, es asesora del asambleísta Eckenner Recalde, también de ADN.
Las conexiones familiares no se limitan al personal administrativo o de asesoría. También hay cuestionamientos sobre los nombramientos de legisladores alternos. La hija de Recalde es la alterna de Dominique Serrano, mientras que la hija de Hernán Zapata (ADN) funge como suplente de Andrés Castillo, también integrante de la misma bancada.
Con estas acciones, Niels Olsen busca marcar distancia con prácticas heredadas de administraciones pasadas y garantizar mayor transparencia en la gestión legislativa.