Quito, 25 de junio de 2025. – La Asamblea Nacional del Ecuador aprobó este martes, con 84 votos a favor, la controvertida Ley Orgánica de Integridad Pública, una iniciativa presentada por el presidente Daniel Noboa y tramitada con carácter económico urgente. La normativa, que modifica más de 20 cuerpos legales, ha sido presentada como una herramienta para combatir la corrupción y mejorar la eficiencia del Estado, pero ha generado un amplio debate público y rechazo de organismos de derechos humanos y sectores sociales.
Menores juzgados como adultos, una de las medidas más cuestionadas
Entre los puntos más polémicos de la ley se encuentra la disposición que permitirá que niños, niñas y adolescentes sean juzgados bajo las mismas condiciones que los adultos en casos de delitos graves. Esta medida ha sido duramente criticada por organismos de derechos humanos, que advierten que contraviene la Constitución ecuatoriana y tratados internacionales de protección a la niñez.
“El enfoque punitivo hacia la niñez es una regresión alarmante. Se están violando principios fundamentales del derecho penal juvenil”, señalaron representantes de colectivos especializados en derechos infantiles.
Sanciones extremas para operadores de justicia
Otro aspecto controvertido es la posibilidad de inhabilitación de por vida para jueces, fiscales y abogados que incurran en delitos como el prevaricato. El oficialismo argumenta que estas sanciones buscan erradicar la corrupción dentro del sistema judicial, mientras que críticos advierten sobre un posible uso político de estas disposiciones.
Reformas económicas y financieras
La ley también introduce cambios significativos en el ámbito económico. Entre ellos:
- Unificación de las juntas monetaria y financiera, lo que rompe con la separación institucional establecida en 2021 como parte de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Expertos advierten que esta medida podría poner en riesgo la estabilidad del sistema financiero nacional.
- Remisión tributaria hasta diciembre de 2025, que permitirá a contribuyentes condonar intereses, recargos y multas, medida que ha sido bien recibida por algunos sectores productivos.
- Transformación obligatoria de cooperativas de ahorro y crédito que deberán convertirse en bancos y someterse a la supervisión directa de la Superintendencia de Bancos. El sector de la economía popular y solidaria ha rechazado esta reforma por considerar que atenta contra su autonomía.
Poder presidencial reforzado
La nueva normativa otorga más atribuciones al Presidente de la República, incluyendo la facultad de cerrar instituciones públicas creadas por ley si no cumplen con observaciones presupuestarias o si han sido vetadas anteriormente.
Asimismo, se permite la expulsión de extranjeros sin condena judicial, en el contexto del actual conflicto armado interno. La medida autoriza prohibiciones de reingreso al país por hasta 40 años, lo que ha despertado inquietudes sobre el respeto al debido proceso.
Banco Central bajo la lupa
Una de las reformas más sensibles es el reforzamiento del control del Ejecutivo sobre la administración del Banco Central del Ecuador (BCE). Esta decisión reabre el debate sobre la independencia de la entidad, una garantía considerada clave para la estabilidad económica del país.
Reacciones divididas
Mientras el oficialismo celebra la aprobación de la Ley Orgánica de Integridad Pública como un paso decisivo hacia una “gestión más eficiente y transparente del Estado”, diversos analistas, organizaciones sociales y constitucionalistas alertan sobre los riesgos de concentración de poder, el debilitamiento institucional y la vulneración de derechos fundamentales.
Se espera que organizaciones civiles y actores políticos presenten demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional en los próximos días.